Con el “árbitro” electoral reducido a un mero ente legalista que cuando no es omiso actúa con lentitud y autocomplacencia, el caso de la escandalosa compra masiva de votos que se le atribuye al PRI mediante las tiendas Soriana pone de nuevo en entredicho al IFE y la legitimidad misma del proceso electivo nacional. La magnitud de lo que muestran las numerosas evidencias no sólo concitó la impugnación lopezobradorista, sino que incluso le devolvió la voz al presidente Felipe Calderón y a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, quienes en un primer momento validaron la elección del 1 de julio y el triunfo de Enrique Peña Nieto y ahora denuncian la inequidad del proceso.
Por Rosalía Vergara
El coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, el senador Ricardo Monreal, consideró los comicios del 1 de julio como “los más sucios” de la historia electoral mexicana, y su calificación se halla confirmada en la denuncia de la izquierda contra el candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto (EPN) por rebasar los gastos de campaña; el escándalo de los 56 millones de pesos no pagados por el equipo del mexiquense al Grupo Financiero Monex bajo el acuerdo de posicionar su imagen; los convenios millonarios otorgados por gobernadores priistas al Grupo Soriana para repartir miles de tarjetas con el fin de comprar millones votos; la aportación de dinero de particulares, y un paquete de 37 facturas y tres listados del Grupo Financiero Monex por un monto de 240 millones de pesos, con el registro de “recompensas corporativo carga de saldos prepago”.
Así terminó la Operación maletas, como fue llamada la estrategia detallada por la reportera Jesusa Cervantes, donde dio cuenta de estos tipos de “promoción” del voto a favor de Enrique Peña Nieto.
La triangulación de recursos estuvo en buena parte a cargo de empleados de la educación y maestros, así como de militantes priistas, porque al PRI le preocupaba el resultado de los comicios sobre todo en seis entidades: Jalisco, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco y el Distrito Federal.
En entrevista con la revista Proceso, Monreal manifestó: “El problema no está en el conteo de votos, sino en el compreo de votos. Hubo una campaña sucia, no hubo equidad, no hubo profesionalismo, no hubo objetividad del Instituto Federal Electoral. Fue incluso la más sucia en la historia del país, pero, además, de un cinismo y de una corrupción que quieren hacer parecer como normales o que aceptemos como normales.
“Fueron tres operaciones: la de los 4 millones de tarjetas Soriana prepagadas, la de Monex, y la alineación de las encuestadoras para favorecer la imagen de Peña Nieto”, resaltó Monreal.
Expuso que la elección del Estado de México realizada en enero de 2011 y en la cual ganó el priista Eruviel Ávila pese a la comprobación de que fueron rebasados topes de campaña mediante la entrega de la tarjeta llamada La Efectiva, fue “el ensayo de la doble contabilidad de la campaña electoral” de Enrique Peña Nieto.
En el caso de las encuestadoras, el senador sostuvo que demostrarán la inducción del voto mediante la difusión de sus encuestas, aunque casi todas fallaron en sus predicciones aritméticas o porcentuales respecto a las preferencias electorales para el priista sobre López Obrador.
VOTOS DE “A MIL” PESOS
A nivel social, precisó Monreal, es necesario reconocer que el PRI compró millones de votos porque mucha gente se los vendió.
Del 1 de julio a la fecha, a la casa de campaña de López Obrador o a las oficinas de Monreal no han dejado de llegar las evidencias de la compra de millones de votos para el candidato priista a la Presidencia. Sin embargo, cuenta Monreal que lo más triste es que los denunciantes no están arrepentidos por haber proporcionado los datos de sus credenciales de elector ante la promesa de despensas o de más de mil pesos para las tarjetas Soriana, sino muchas veces molestos por el pago incumplido.
“Incluso le llegué a preguntar a un señor que llevó tarjetas de Soriana por qué le prometieron mil 700 pesos y la tarjeta sólo tenía cien, de modo que le debían mil 600. Cuando lo cuestioné sobre si estaba arrepentido y si había votado por el priista, me dijo que sólo quería que le pagaran porque sí votó por Peña Nieto, pues él sí era un hombre de palabra.
“A cada persona le daban entre cuatro y cinco tarjetas, y son miles. A diario nos están llegando miles. Llevamos documentadas más de 20 mil tarjetas. Ya presentamos tres mil y tantas al IFE, y las aportadas el jueves por López Obrador son más de 3 mil 700, pero que llegaron en sólo tres días. Entonces, no sólo son corruptos sino cínicos”.
El equipo de campaña de la izquierda detectó las mayores compras de votos en Veracruz y en el Estado de México, entidad ésta donde se realizó la reunión con gobernadores priistas y Peña Nieto para la cuota de votos por entidad.
“Sólo en el Estado de México hemos calculado la entrega de un millón 800 mil tarjetas, que el prepago variaba de mil 500 pesos, a 750, a 500 y hasta 100 pesos. Calculamos que sólo ahí se gastaron más de mil 500 millones de pesos. Eso en Soriana, y nada más en el Estado de México, porque también operaron en Michoacán, en Nuevo León, en Veracruz, con la misma tienda.
“Ahora los delincuentes electorales no se esconden en la noche para entregar dádivas. Lo hicieron a plena luz del día en tiendas cuya complicidad es evidente”, agregó.
SORIANA Y EDOMEX
El viernes 6 de junio, la periodista Carmen Aristegui dijo en su noticiario de MVS Radio poseer documentos que vinculan a los gobernadores del Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, así como al municipio mexiquense de Metepec, con la contratación de al menos 5 mil millones de pesos en paquetes de despensas con la Organización Soriana entre 2009 y 2012, de los cuales casi 4 mil millones fueron gastados por el gobierno mexiquense que encabezaba Enrique Peña Nieto.
A su vez, la revista Proceso ha confirmado que, en el caso del Edomex, el acuerdo con Soriana viene desde la administración de Peña Nieto y formó parte de la estrategia de recuperación electoral de su gobierno.
Tan sólo entre agosto de 2009 y enero de 2011, Soriana ganó seis contratos con la administración de Peña Nieto para proveer despensas, paquetes nutricionales y desayunos escolares por un monto de 2 mil 966 millones de pesos, sin contar el IVA.
De los seis contratos, cinco fueron otorgados por el DIF estatal y el otro fue por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. Esta dependencia de la Secretaría del Desarrollo Social asignó un contrato por 1 mil 295 millones de pesos en diciembre de 2009, después de la elección federal de ese año.
El gobierno de Eruviel Ávila –quien tomó posesión en septiembre de 2011– también firmó dos contratos millonarios con Soriana, a través del mismo Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. El 13 de abril de 2012, en plena campaña electoral federal, se le asignó un primer contrato por 472 millones 866 mil pesos y luego otro por 123 millones 89 mil pesos para la entrega de canastas alimentarias.
Las autoridades mexiquenses han negado “categóricamente” que estas tarjetas Soriana hayan sido utilizadas “a favor de partido político alguno”, pero los testimonios que se están generando en los más de 36 establecimientos en los municipios conurbados indican que el PRI mexiquense tiró la casa por la ventana y engañó a miles de ciudadanos para obtener sus votos.
Las tarjetas más comunes se llaman “Mi Ahorro”, que muchos rebautizaron como “Mi Voto. Los más abusados acapararon entre 30 y 40 tarjetas con 100, 200, mil 500 y hasta 2 mil pesos.
La coacción del voto a través del reparto de despensas se intensificó en el Estado de México desde la elección federal de 2009, concurrente con los comicios para 125 presidentes municipales y 45 diputados locales.
En ese año, el Presupuesto de Egresos del Estado de México dispuso para la Secretaría de Desarrollo Social un presupuesto de 2 mil 220 millones 248 mil 522 pesos. De ese monto, el exdirigente estatal del PRD, Luis Sánchez, calculó que mil 600 millones de pesos se presupuestaron para el reparto de 3 millones de despensas.
“El gasto es totalmente desproporcionado, si consideramos que el Programa de Apoyo al Gasto de Inversión en Municipios tuvo sólo 1 mil 445 millones de pesos y era para que 125 municipios realizaran obra pública”, afirmó Sánchez.
Sánchez también recordó que en 2008 “prácticamente no hubo despensas ni desayunos en los DIF municipales, preservando que se aplicaran los recursos en el año electoral” de 2009.
Pero ahora, únicamente el 20 de junio de 2012, en el Centro Cívico de Río de la Luz, del municipio de Ecatepec, el candidato priista a alcalde Pablo Bedolla tuvo una reunión con mil ministros de distintas iglesias y cultos religiosos que atienden a enfermos de esta demarcación. Les pidió su voto y su apoyo para los comicios del 1 de julio. Se rifaron dos computadoras y dos televisores de plasma entre los asistentes, algunos de ellos enfermos.
Al final del evento, Bedolla y sus acompañantes Isidro Moreno y Alfredo Torres repartieron tarjetas Soriana con mil pesos cada una para los ministros y de 500 pesos para los enfermos. De acuerdo con uno de los asistentes, que dio su testimonio a Proceso pidiendo mantener en reserva su nombre, calcula que cada uno de los mil ministros tiene a su cargo a cinco enfermos. Es decir, se repartieron unas 6 mil tarjetas en ese evento.
No resulta fortuito que esto haya ocurrido en este municipio conurbado al Distrito Federal. En Ecatepec, el municipio más poblado del país y recuperado por el PRI en 2009, el exalcalde priista y actual mandatario estatal Eruviel Ávila inició el proceso de reparto de tarjetas de despensa para inducir el voto. Entonces eran llamadas “Las Efectivas”.
La Organización Soriana fue fundada en 1968 por la familia Martín Bringas, empresarios coahuilenses que pusieron su primera tienda en Torreón. Sus primeros establecimientos de expansión se inauguraron en Durango y Monterrey en 1974. En el 86, Soriana llegó a Reynosa, Tamaulipas. Desde el 87 cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En 2008 se alió a Comercial Mexicana y Gigante para competir con Walmart.
Uno de sus principales “atractivos” es la promoción permanente con “Tarjetas del A-Precio”, en las que se reúnen puntos con cada compra para obtener descuentos, productos gratis o “dinero electrónico”. Además, opera un centro de maquilado en frutas y verduras denominado Ampuero, que exporta productos a Estados Unidos. Es dirigido por Ricardo Mota Calixto.
“Ahora –comentó Monreal– han modificado su operación. Actualmente, en lugar de dar una despensa, dan una tarjeta prepagada, y así operaron en todo el país. Soriana, yo creo, tiene hasta problemas de evasión de impuestos. Hay pruebas de que en todos los estados priistas no licitan programas, asignan directo, y cuando licitan hacen tan difícil las bases que sólo Soriana puede participar.”
El senador advirtió que este asunto es un escándalo en Alemania, Francia, España, Japón, Estados Unidos, y que “aquí no pasa nada”.
Dijo que los priistas y los medios de comunicación afines piden a la izquierda reconocer los resultados, aunque estén plagados de irregularidades. Pero los izquierdistas agotarán las instancias legales para demostrar la millonaria compra de votos.
Aunque esto último no es causal de anulación de unos comicios, sí lo es el rebase de los gastos de campaña de cualquier candidato, indicó.
EL CASO MONEXGATE
La izquierda puso también en la mira al Grupo Financiero Monex después de la denuncia que José Luis Ponce Aquino, propietario de Frontera Televisión Network, presentó contra priistas cercanos a Peña Nieto en una Corte de California, Estados Unidos, por utilizar la forma de un contrato para obtener 56 millones de dólares de “procedencia desconocida” y que fueron depositados en Banco Monex.
Ponce Aquino los acusó de incumplimiento de contrato, de conspiración y fraude argumentando que su compañía firmó un contrato para obtener 56 millones de dólares en la promoción de la imagen de Peña Nieto en Estados Unidos.
A esto se sumó, explicó Monreal, la operación que triangula los recursos para la compra de votos. Dijo que recibió 42 facturas de manera anónima que demuestran transferencias millonarias entre mayo y junio, en plena campaña electoral, a través de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., e Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V. Éstas, insistió, se usaron para comprar el voto de los ciudadanos mediante las tarjetas Soriana y las telefónicas con la imagen del priista en la carátula.
Ese dinero, de acuerdo con Monreal, es presentado como dinero de particulares que pueden aportar a la campaña, en una cifra que no debe rebasar los 1.6 millones de pesos por persona, hasta 32 millones, según la ley electoral.
Pero, según Monreal, el Banco Monex trianguló recursos por más de 240 millones de pesos, de “procedencia desconocida”, a las empresas Grupo Comercial Inizzio e Importadora y Comercializadora Efra con el supuesto propósito de realizar “recompensas corporativo carga de saldos prepago” –sea lo que eso signifique–, aunque conforme al senador fueron usados para las tarjetas de prepago y las telefónicas con el rostro de Peña Nieto en la carátula.
El último 4 de julio, la columna Capitanes del diario Reforma publicó que Monex decidió invertir en la compra de la empresa francesa Schneider, que “básicamente se especializa en transferir dinero de una compañía a otra, en distintas monedas. Ahora, esta subsidaria será llamada Monex Europe”. La compra fue por 100 millones de dólares.
Otro escándalo donde se vincula a Monex y al PRI es por la emisión de las tarjetas de débito que supuestamente eran usadas para depositar el pago de los colaboradores de Peña Nieto. Héctor Lagos Dondé, consejero presidente y director del Grupo Financiero Monex, asegura que la emisión de dichas tarjetas fue para una “empresa mercantil” de la cual no reveló el nombre cobijándose en el famoso “secreto bancario”.
EL AVE FÉNIX COAHUILENSE
De acuerdo con versiones periodísticas, el nombre de Tomás Yarrington, muy cercano a Peña Nieto, resurge de sus cenizas como el vínculo entre el PRI y Monex.
Tales versiones señalan que desde 2009 Monex es investigado por autoridades mexicanas y gringas por sus presuntos vínculos en operaciones de procedencia ilícita. Afirman que en la Procuraduría General de la República (PGR) hay registradas cuatro averiguaciones previas por presuntamente mover capitales de dudosa procedencia.
“Entre estas averiguaciones se encuentran los casos de lavado de dinero de los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, y Eugenio Hernández Flores, en las que se detectaron por lo menos 18 operaciones bajo sospecha, además de la reciente acusación de compra de votos a favor de Peña Nieto, con recursos ‘paralelos’ a la campaña electoral”, se publica en el periódico 24 Horas, en su edición del viernes 6.
Aunque advierte que en estos ilícitos la relación de Monex es indirecta, sí refiere que el Grupo Financiero es la herramienta preferida por los “sospechosos” para realizar sus actividades ilícitas.
Según ese diario, uno de los casos está radicado en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 en México, el cual en Estados Unidos fue consignado en el expediente B-12-435, sobre lavado de dinero de parte de ambos exmandatarios coahuilenses. Su forma de operar era solicitar a instituciones bancarias créditos para adquirir inmuebles mediante empresas “fantasma” dejando como garantía bienes en México.
Los créditos eran pagados con dinero presuntamente procedente del narcotráfico. Aquí fue donde Monex “trianguló” los recursos al traspasar el dinero de un banco a otro entre 2007 y 2009. De junio de 2008 a diciembre de 2009 se transfirieron 2 millones 700 mil dólares.
Monex está conformado por tres entidades: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex Operadora de Fondos. Su labor es cambiar divisas, operar cuentas digitales, fondos de inversión, mercado bursátil, fideicomisos, derivados, inversión internacional, cartas de crédito y crédito con prenda bursátil. Se fundó en 1985 y actualmente lo dirige Héctor Lagos Dondé. Tiene 42 oficinas en México, una en Houston, Texas, y realiza transferencias de dinero a nivel mundial.
Con información de Jenaro Villamil
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